Los informes buscan realizar una primera aproximación a la situación de las personas afectadas por estas enfermedades ambientales que, debido al desarrollo de condiciones de salud crónicas, sufren la existencia de barreras sociales que limitan o impiden la participación social plena y el ejercicio de derechos y libertades en igualdad de oportunidades.

Ambos estudios concluyen que las personas afectadas se enfrentan a barreras de carácter ambiental (en la vivienda, el trabajo o centro de estudios, los centros sanitarios, los espacios sociales y culturales, la vía pública…), que les generan una discapacidad orgánica múltiple y sistémica. El control ambiental es requisito indispensable para garantizar la accesibilidad al ámbito público y privado de estos pacientes. Señalan también que la realidad de las personas con discapacidad orgánica asociada a la SQM y también a la EHS, es invisible a los ojos de las instituciones y de la sociedad en general, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, que suponen más del 80%.  Finalmente, los informes concluyen que la falta de accesibilidad se produce en un contexto de acumulación, lo que supone una vulneración sistemática de derechos humanos, poniendo en grave riesgo su salud física y mental, y abocándoles a una situación de exclusión social absoluta. No solo tienen dificultades para ser diagnosticadas y acceder a tratamientos específicos, también sufren un empeoramiento de su salud física y mental al no poder acceder a los servicios sanitarios en igualdad de condiciones; encuentran dificultades para acceder o mantener un puesto de trabajo, lo que les impide vivir de forma independiente y autónoma y les obliga a solicitar protección social, que en ocasiones se les deniega; a veces, acaban alejándose de los núcleos urbanos y de sus redes de apoyo, para lograr una vivienda accesible, lo que contribuye a una mayor situación de aislamiento.